- La diputada regional y vicesecretaria general del PSOE de Cartagena ha exigido que todas las partes asuman su responsabilidad y que se pongan a trabajar para solucionar, de una vez, el problema de los terrenos de la antigua factoría de Potasas y Derivados y todos los suelos industriales y mineros contaminados del municipio
Cartagena, 9 de diciembre de 2020.- La diputada regional y vicesecretaria general del PSOE de Cartagena, Carmina Fernández, ha asegurado, respecto al rechazo por parte de la Comunidad Autónoma del plan elaborado por Ercros relacionado con los terrenos de la antigua factoría de Potasas y Derivados, que la obligación del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Cartagena es preservar los intereses y la salud de todos los cartageneros.
“Hay que exigir a todas las partes que asuman sus responsabilidades. De momento, hay una orden del Gobierno regional de octubre del año pasado que dice que la empresa debe actuar y así deben hacerlo, mientras no haya una resolución judicial que diga lo contrario”.
Carmina Fernández ha exigido a todas las partes que se pongan a trabajar. “Ercros tiene que presentar un plan en condiciones, y el Ayuntamiento y la Comunidad asumir su responsabilidad, no solo en esta actuación, sino en todos los terrenos con contaminación industrial y minera que siguen existiendo en Cartagena. Ya está bien que todos sigan poniendo problemas y retrasando una actuación, mientras los vecinos siguen sufriendo los problemas de la contaminación en la zona”, ha indicado.
La vicesecretaria general del PSOE de Cartagena ha indicado que existen varios suelos con graves problemas de contaminación industrial en Cartagena que no se abordan, o que lo hacen de manera muy parcial, como Zinsa y Peñarroya y una enorme cantidad de instalaciones mineras que permanecen en el municipio y la comarca sin el más mínimo cuidado.
Fernandez anunció que el Grupo Parlamentario Socialista, solicitará los expedientes completos de las actuaciones en los suelos de Potasas y Derivados, de Zinsa y de Peñarroya. “Nos personaremos en los expedientes y vamos a ser extremadamente vigilantes y exigentes para que todos cumplan sus obligaciones y dejen de dar vueltas y culparse los unos a los otros”.
Respecto a la actuación en los terrenos de Peñarroya, anunció que “queremos obtener toda la información sobre el proyecto presentado por la Autoridad Portuaria de Cartagena, relativo a la descontaminación de esos suelos, para conocer qué se le ha exigido al Puerto, los plazos y cómo se va a acometer”, ha añadido.
Además, ha dicho que el Grupo Parlamentario pedirá información sobre los vertidos presuntamente contaminantes que pudieran seguir llegando al puerto, a través de los cauces y ramblas de la zona de Ercros y Peñarroya, y que se conectan con la red de aguas pluviales para terminar en el mar.
La diputada regional ha lamentado que el Gobierno regional no sea capaz de ponerse de acuerdo ni para preservar la salud de los niños del colegio Enrique viviente y el IES Sierra Minera de La Unión.
“Queda demostrada la incapacidad y la irresponsabilidad del Gobierno regional, siguen sin resolver los problemas que afectan a la salud de los vecinos de La Unión. Tenemos un consejero de medio ambiente y una de industria que no saben ni qué competencias tienen ni cómo gestionarlas. Se sientan todas las semanas en el Consejo de Gobierno, pero llevan más de un año mandándose comunicaciones entre ellos y al Ministerio, mientras los vecinos siguen esperando”.
En esta Comunidad Autónoma existen 29 de las 73 estructuras mineras que hay en toda España recogidas en el inventario nacional de instalaciones mineras abandonadas que tienen un impacto medioambiental grave o que pueden convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud de las personas o para el medio ambiente. Y de ellas, 24 están en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. “En esta situación el Gobierno regional está mandándose cartitas y la única actuación seria que se hará será la que ha decidido acometer el gobierno de España en la balsa de El Lirio”, afirmó la diputada socialista.
Finalmente, ha recordado que el Gobierno regional lleva años sin resolver la situación de la contaminación, ni ha sido capaz de elaborar un inventario de suelos contaminados, incumpliendo la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, cuyo artículo 35 expone la obligación de que todas las comunidades autónomas lo elaboren. “un inventario que debía haberse producido antes de finales de 2012 y que lleva ocho años de retraso”.
