La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena solo miran hacia arriba para exigir a otros el trabajo que ellos no son capaces de hacer en el Mar Menor.
Se hace imprescindible reestructurar todo el servicio de autobuses para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas, haciéndolo compatible con las medidas de seguridad que marca el decreto de alarma, y aquellas que permanecerán tras él.
Es fundamental el garantizar a nuestros hijos e hijas el acceso a la educación independientemente de la situación social y económica del núcleo familiar.
El gobierno municipal pone de manifiesto el fracaso del modelo descentralizado del municipio que el PP implantó en el pasado.
No es de recibo que el Partido Popular intente obviar que el origen de la no disposición del superávit presupuestario viene impuesto por la nefasta ley que su partido.
Es necesario que el gobierno municipal incluya a todos los tipos de turismo, incluyendo el rural, y no solo favorezcan con su plan de ‘compra de bonos’ a los establecimientos hoteleros del centro de la ciudad y La Manga.
No es de recibo que el gobierno municipal disminuya las partidas destinadas a promoción turística, pasando de 600.000 € en 2018 a los apenas 200.000 € de este año poniendo como excusa la crisis sanitaria, cuando el sector más lo necesita. Es necesario que incluyan a todos los tipos de turismo, incluyendo el rural, y no solo favorezcan con su plan de ‘compra de bonos’ a los establecimientos hoteleros del centro de la ciudad y La Manga.
El Ministerio de Justicia ha reiterado que tan pronto el Ayuntamiento ponga los terrenos a su disposición, comenzará con la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena
«El deterioro de los muros exteriores del Castillo de los Moros, con caídas constantes de cascotes y piezas de la estructura de la fortaleza, hace imprescindible una actuación urgente e inmediata»
«Tenemos un Gobierno Regional que lleva años incumpliendo el mandato de la Asamblea Regional sin abrir el Rosell»
En Cartagena tenemos una infraestructura, una ley que exige su puesta en marcha como segundo hospital y un Gobierno Regional que lleva años incumpliendo el mandato de la Asamblea Regional y en esta situación de máxima necesidad, la habilitación completa es irrenunciable
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