Los expedientes de la Junta de Gobierno evidencian retrasos que se remontan a 2025, mientras el Ayuntamiento acumula más de 12 millones de euros en facturas pendientes y supera los 40 días de periodo medio de pago
El concejal socialista Pedro Contreras denuncia que el Gobierno de Noelia Arroyo está incumpliendo de forma sistemática los plazos legales de pago a proveedores y convirtiendo los retrasos en el abono de facturas una práctica habitual.
Los expedientes incluidos en el orden del día de la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves vuelven a poner de manifiesto esta situación, con facturas por servicios prestados hace meses e incluso correspondientes al ejercicio 2025 que todavía tienen que ser reconocidas para poder abonarse.
Entre los expedientes figura el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de múltiples fiestas de La Aparecida de 2025, que llega a la Junta de Gobierno en noviembre de 2026.
También aparecen facturas por servicios realizados en enero de este año, de fiestas en Pozo Estrecho, fiestas en la Romería del Cañar, celebrada el 11 de enero, así como una actuación musical del XIII Cross de Alumbres, del pasado 30 de mayo.
“Estos expedientes son una prueba más de que los proveedores municipales están soportando las consecuencias de la mala gestión económica del Gobierno del PP. Estamos hablando de empresas y autónomos que prestan sus servicios, adelantan el dinero para cumplir con el Ayuntamiento y después tienen que esperar meses, e incluso arrastrar facturas de un ejercicio a otro, para cobrar por la pésima gestión económica del Partido Popular. Arroyo está utilizando a los proveedores como si fueran una entidad financiera municipal, obligándolos a financiar los gastos del Ayuntamiento”, destaca Pedro Contreras.
El edil socialista subraya que estos retrasos no son hechos aislados, sino que coinciden con una situación preocupante en las cuentas municipales. El Ayuntamiento mantiene más de 12 millones de euros en facturas pendientes de pago y un periodo medio de pago a proveedores que supera actualmente los 40 días, muy por encima de lo legalmente establecido.
Contreras también critica el recurso cada vez más habitual a reconocimientos extrajudiciales de crédito y reparos de Intervención para poder regularizar y abonar gastos que no se han tramitado correctamente.
